Tras una maratónica jornada, el oficialismo agrupado en Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, presentó un acuerdo a fin de implementar mejoras a la propuesta de nueva Constitución.
El pacto fue alcanzado a la medianoche del miércoles en el Congreso y oficializado hoy en Santiago.
Se trata de consideraciones en relación a temas que han abierto flancos de críticas por parte de los adherentes de la opción Rechazo, y que dicen relación con temas como la plurinacionalidad, derecho a la propiedad, sistema político y judicial.
El documento, titulado “Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución” plantea que “sobre la Consulta indígena, se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere solo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”.
A ello agrega: “Sobre el consentimiento previo, al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que solo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es
exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el referido Convenio”.
Otro de los aspectos abordados son las autonomías territoriales, sobre las que asegura que “Se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, añade.
“Proponemos que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes”, indica el texto.
Sobre el sistema de justicia indígena, se indica que “no existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.
En materia de Derechos Sociales, se comprometen apoyar un sistema de pensiones, en base a un nuevo modelo mixto.
Respecto a derecho a vivienda, “se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.
Sobre Salud, se indica que “la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados”.
Y en Educación, “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada”.
Respecto a Seguridad, se propone establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando la intervención de las Fuerzas Armadas.
En relación con el Sistema Político, plantean que la reelección presidencial no proceda consecutivamente.
Por último, sobre el Poder Judicial, sugieren reemplazar, en la Constitución, la denominación “Sistemas de Justicia” por la de “Poder Judicial”.
“Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”, indican.
